La corrupción agobia a Barberá

A estas horas Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, sopesa si dimite de su cargo como número dosde Rita Barberá después de que la Audiencia de Palma de Mallorca lo haya dejado a un paso del banquillo de los acusados por los convenios suscritos entre 2004 y 2006 por la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, cuyo patronato preside, y el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.

Lo hace poco después de jactarse en un pleno de que la alcaldesa y su gobierno llevaban más de 20 años al frente del Consistorio sin un solo caso de corrupción. Grau acusó a los grupos de la oposición de “vendedores vulgares de ideas, como los del viejo oeste”, cuanto exigieron explicaciones por la responsabilidad de Barberá en los escándalos de las jornadas Valencia Summit organizadas por Urdangarin, la gestión de la depuradora de la pedanía de Pinedo a través de la empresa pública Emarsa o los sobrecostes de Feria Valencia, de cuyo patronato es presidenta.

Grau, que medita su renuncia para salvaguardar a la regidora de la presión política, no ha podido evitar, sin embargo, que el auto de la Audiencia de Palma, echase en falta en la causa al expresidente valenciano Francisco Camps y a la alcaldesa, exonerados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. “Constatamos que ha quedado al margen del escrutinio judicial la posible participación [de los dos políticos] en los convenios de los Valencia Summit”, dice el auto. La Audiencia considera que los dos aforados podrían haber “ilícitamente participado” en “contrataciones controvertidas”. Y alude a la alcaldesa que “impulsó la contratación” del evento. “De ahí los contactos previos y personales” que mantuvieron Urdangarin y Torres con ella “y con el presidente de la Generalitat”, recogen los magistrados.

“Estamos avergonzados de la manera en que los dirigentes del PP han gestionado el dinero de los valencianos”, denunció ayer el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig, cuyo grupo está personado en el caso Nóos. El edil subrayó la influencia determinante de Barberá en las principales instituciones de la capital. Y no se paró solo en el caso Urdangarin. Siguió con otro de los casos más onerosos para las arcas públicas valencianas: el saqueo de 31 millones de euros a Emarsa, la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Pinedo.

pero para que va a dimitir si aqui no pasa nada

besitos